El juicio contra las integrantes del grupo de punk Pussy Riot pone nuevamente en entredicho el respeto a las
libertades civiles en ese país
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[AUTORITARIO]
Desde el regreso de Vladimir Putin a la Presidencia de Rusia (muchos
piensan que en realidad nunca se fue), se han ido creando una serie de
mecanismos legales que protegen al gobierno ruso, restringiendo la libertad de
la oposición, tales como trabas al financiamiento de ONG, establecimiento de
delitos de opinión y hasta la censura de portales de internet.
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Vladimir Putin haciendo su entrada al Kremlin durante una ceremonia
protocolar
Tras la caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el
final de la Guerra Fría, el mundo fue testigo de una de las más grandes
expansiones de la democracia como sistema de gobierno. Sin embargo, tras el
antecedente del gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, al final de la década
de 1990, y con el comienzo del siglo XXI, en varios países del mundo se está
llevando a cabo un proceso experimental en el que los nuevos autócratas,
valiéndose de situaciones coyunturales, como las crisis económicas y el
descrédito de los partidos tradicionales, se valen del principal instrumento
del juego democrático, las elecciones, para consolidar su control sobre las
instituciones políticas que funcionan como contrapeso del Poder Ejecutivo, es
decir, del Parlamento y de los Tribunales, con el único objetivo de reducir a
su mínima expresión a la oposición política, restringiéndole su capacidad de acción
política, y facilitándole el perpetuarse en el poder. Este proceso, que pudiera
considerarse una transición de la democracia a un régimen autoritario, es lo
que algunos han llamado “Democracia iliberal”.
Putin el todopoderoso
Vladimir Putin se ha valido de su altísimo nivel de popularidad entre
las masas rusas, producto de haber acabado con el caos de Rusia postsoviética
del gobierno de Boris Yeltsin, para imponer el control del Kremlin sobre la
mayoría de los aspectos de la vida política rusa. Poco a poco ha ido
minimizando la acción y el alcance de la oposición a su gobierno, al mismo
tiempo que su partido, Rusia Unida, se hace con el control del Parlamento, y a
través de allí, del resto de las instituciones públicas; ha impuesto
restricciones a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo
independiente. Adicionalmente el sistema judicial, que se caracteriza por ser
muy corrupto, actúa con frecuencia como el brazo represor del Poder Ejecutivo.
No conforme con esto, tras haber sido electo nuevamente en el cargo de
Presidente, promovió desde el parlamento ruso, la Duma, que se encuentra bajo
el control de su partido, Rusia Unida, cuatro leyes que restringen aún más la
actividad de la oposición en contra de Putin.
Las ONG como agentes extranjeros
La primera de las leyes aprobadas por la Duma rusa obliga a todas las
organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiamiento
internacional, y que realizan actividades de carácter político, como intentar
influir en el proceso de toma de decisiones del Estado, o en la opinión pública
nacional, a identificarse como “agentes extranjeros”, una expresión que en el
idioma ruso es similar a la palabra “espía”. El ente encargado de decidir que
organizaciones son “agentes extranjeros” o no, será el Ministerio del Interior
ruso, sin embargo, todas aquellas ONG que realizan actividades de carácter
político, de acuerdo con lo contemplado en esa ley, y que reciben fondos
internacionales, están obligadas a hacer constar la condición de “agente
extranjero” en todos sus documentos y publicaciones, forzándolas a someterse al
escarnio público.
La calumnia como delito
Una tendencia mundial en las democracias modernas es la de suprimir los
denominados “delitos de opinión”. Sin embargo, la segunda ley aprobada por la Duma
rusa restablece la calumnia como delito tipificado dentro del código penal
ruso, habiendo sido excluida de el y rebajada a la condición de acto con
responsabilidad administrativa, durante el gobierno del antecesor del Putin, el
actual Primer Ministro Dmitri Medvedev. La ley, que fue enmendada tras su
primera discusión para excluir la pena de cárcel, aumenta significativamente
las multas por calumnia, pasando de 125 euros a 125 mil euros, además de
contemplar penas accesorias de hasta 480 horas de trabajo comunitario
obligatorio, contra todos aquellos que ofendan a quienes ejerzan altos cargos
públicos, tales como jueces, fiscales, ministros o el presidente.
La criminalización de la protesta
La tercera ley endurece las condiciones para permitir la realización de
mítines políticos, e incrementa astronómicamente las sanciones contra las
transgresiones al orden público, contemplando multas de hasta 10 mil euros y
200 horas de trabajo comunitario para quienes incumplan la normativa. En el
caso de que los convocantes ejerzan un cargo público (como un diputado
opositor), o sean personas jurídicas (como un partido político), las multas se
incrementan a 18 mil y 30 mil euros respectivamente. Lo más grave de esta ley,
es que el concepto de “infracción” queda sometido a la interpretación
acomodaticia, lo que facilita la manipulación de la norma por parte de las
fuerzas de seguridad rusa o de los tribunales.
Internet bajo sospecha
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"Nos hemos quedado sin financiación, recibimos dos ayudas europeas
que apenas nos dan para sobrevivir. Todos nuestros intentos por optar a
subvenciones de la Cámara Pública de Rusia han fracasado. En Rusia nadie nos
daría dinero, porque no le gustamos a Putin. Él cree que los defensores de los
derechos humanos son sus enemigos".
Valentina Mélnikova, ONG Unión de
Comités de Madres de Soldados
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“No hay ningún tipo de garantía democrática en Rusia. Da igual quién
salga a la calle, seas gay, seas opositor, defiendas los derechos de las
mujeres. La policía no permite ningún tiempo de protesta”.
Aléxei Kiselev,
Activista en pro de los derechos de los homosexuales
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Las Pussy
Riot: Encarceladas por cantar en contra de Putin
El grupo musical Pussy Riot,
que se autodefine como “Punk-feminista”, usando máscaras y vistiendo ropas con
colores llamativos, interpretaron una canción cargada de irreverencia, ayudadas
por unos megáfonos, desde el altar mayor de la Catedral del Cristo Salvador de
Moscú, el pasado 21 de febrero. La canción, que ellas llamaron “Madre de Dios”,
tiene un verso en el que le piden a la Virgen María que eche a Vladimir Putin
del Kremlin. Estas jóvenes, que ya habían sido multadas en el mes de enero por
cantar contra Putin en la Plaza Roja de Moscú, se encuentran encarceladas a la
espera de sentencia, mientras se desarrolla el juicio en su contra, por el acto
que llevaron a cabo dentro de la catedral, pudiendo ser condenadas a tres años
de prisión, de acuerdo con la petición formulada por el fiscal que lleva el
caso. Aunque fue un acto claramente político, están siendo acusadas de haber
practicado blasfemia en un lugar sagrado e instigar al odio contra el cristianismo
ortodoxo, la religión mayoritaria de Rusia. Este caso ha llamado la atención de
todo el mundo, despertando la solidaridad de políticos y artistas, tanto rusos
como extranjeros hacia las chicas, a las que consideran prisioneras de
conciencia, al mismo tiempo que agudizan las críticas en contra del gobierno de
Vladimir Putin, quien no desiste en su objetivo de sacar del camino a todo
aquel que ose hacerle oposición.
Publicado en el Semanario 6to Poder / Año 2 Número 98 / 19 de agosto de 2012
