Nueva Ley Orgánica de Servicio Exterior: Por una cancillería venezolana más roja

El instrumento legal fue aprobado en su segunda discusión por la Asamblea Nacional el pasado 28 de junio

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[PARTIDIZACIÓN]

La carrera diplomática y consular ha sido blanco de un sistemático ataque por la vía legislativa que, al igual que en otras instituciones venezolanas, busca ponerla al servicio del proyecto político del presidente Chávez

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La mayoría de los países del mundo tienen décadas avanzando hacia una mayor profesionalización de la carrera diplomática y consular. En ese sentido, el Estado venezolano, desde que el canciller del presidente Eleazar López Contreras, el doctor Esteban Gil Borges, diera comienzo a un proceso sistemático dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores el cual, a pesar de los distintos cambios de gobierno, y con todos los defectos que se le pudieran achacar, logró la creación de un cuerpo profesional de funcionarios de carrera que trató de estar al servicio de los intereses de la nación y no del interés del gobierno de turno, el cual se mantuvo hasta 1999. Sin embargo, con la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela comenzó a nada a contracorriente y comenzó un ataque sistemático en contra de la carrera diplomática y consular que, al igual como ha ocurrido en otras instituciones, tiene como objetivo fundamental convertir a la Cancillería en un apéndice del PSUV, encargada de promover el proyecto político revolucionario a nivel internacional.

Pintando de rojo la Casa Amarilla

La Ley Orgánica de Servicio Exterior, aprobada por la Asamblea Nacional en su sesión del 28 de junio, es la tercera ley referente a la materia de la carrera diplomática y consular que se aprueba durante los 12 años del gobierno de Chávez, tras la ley de servicio exterior de 2001 y su modificación de 2005. Si bien con la reforma de 2001 se limitó a un 50% los nombramientos políticos de embajadores por parte del Presidente de la República y mantuvo el ingreso a la carrera mediante el mecanismo del concurso de oposición, con un jurado de carácter plural en el cual había una importante presencia de las universidades venezolanas, y el ascenso mediante mecanismos que garantizaran el respeto a los méritos por encima de la filiación política, es tras los sucesos de abril de 2002 y 2003 que las cosas comienzan a cambiar dentro de la Casa Amarilla, y, coincidencialmente con la necesidad de expansión continental del proyecto revolucionario del presidente Chávez, se buscó un mayor control político del Ministerio, fomentando el ingreso de cuadros políticos comprometidos con la causa revolucionaria. Así, el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, comenzó a convertirse en un centro de formación ideológica al mejor estilo cubano, se logró que el jurado fuera lo más afín posible a las ideas del gobierno, y los contenidos a evaluar en el examen del concurso de oposición tenían un tinte cada vez más marxista y vinculado con el discurso oficial de Miraflores. En 2005, se produciría una nueva reforma de la ley que establecería que 100% de los embajadores venezolanos son funcionarios de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República. A su vez, la designación de Alí Rodríguez Araque al frente del despacho de Carmelitas en 2004 apuntaba al afianzamiento de la ideologización puertas adentro, mientras que la de Nicolás Maduro, a partir de 2006, a reforzar el control partidista de la institución, lo cual se verá facilitado tras la aprobación de la nueva ley, cuyo artículo 11 establece que todos los cargos de la Cancillería, tanto los del servicio interno como los del servicio externo, serán de libre nombramiento y remoción, eliminando de un plumazo el concurso de oposición como vía de ingreso a la carrera y el ascenso mediante méritos, mientras que las disposiciones transitorias facultan al Presidente para dictar el correspondiente reglamento de la ley, así como los estatutos del personal del servicio diplomático y consular.

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“La ley generará una forma de diplomacia que dará respuesta contundente no sólo a la campaña informativa que existe en contra de Venezuela, sino que ayudará a abortar los planes de aislamiento que tienen previstos para nuestro país. Necesitamos un servicio exterior y una diplomacia mucho más política, mucho más comprometida con el país y que tenga claro que no estamos en tiempos normales”. Saúl Ortega, Presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la AN

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Embajadas y Consulados de espaldas a los venezolanos

Aun cuando no existen estadísticas ni informes oficiales respecto a la materia, de acuerdo un estudio realizado por los profesores Carmen García Padilla e Iván de la Vega, de la Universidad Simón Bolívar, basado en el uso de estadísticas de los censos poblacionales en distintos países del mundo, se estima que la cantidad de venezolanos que residen en el exterior estaría cercana al millón de personas, lo que equivale casi al 4% de la población del país, pudiendo ser muchos más, tomando en cuenta que la cifra no incluye a quienes residen de manera ilegal o poseen doble nacionalidad. Esta diáspora, producto de la combinación de los altos niveles de inseguridad, la falta de oportunidades profesionales y los pésimos sueldos para los graduados universitarios y la persecución política, ha llevado a los venezolanos a mudarse a los lugares más diversos del mundo, sin que haya habido por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano una adecuación de la infraestructura diplomática y consular que permita atender de una manera más efectiva esta nueva realidad. Así, mientras se ha propiciado la apertura de embajadas en varios países africanos como Benín o en Gambia, a los cuales no nos une lazo de ningún tipo (y que se hace con el claro interés de ganar aliados a la hora de votaciones comprometedoras en organismos internacionales), hay muchísimos venezolanos residiendo en ciudades como Calgary en Canadá, o Melbourne en Australia, que tienen que desplazarse casi 1000 kilómetros al respectivo consulado o embajada para tramitar su pasaporte. También las embajadas y consulados niegan el derecho a la identidad a los venezolanos que emigraron al obligarles a trasladarse a Venezuela para poder obtener la cédula de identidad, y ponen trabas y procedimientos engorrosos para quienes desean inscribirse en el registro electoral, exigiendo requisitos no contemplados en la ley.

Publicado en el Semanario 6to Poder / Año 1 Número 43 / 24 de julio de 2011